"En esta selva no hay Estado. Aquí hay guerra. Desde siempre. Guerra civil, un conflicto armado interno, amenaza terrorista, lucha ideológica. Los extremos izquierda, derecha. Los mismos métodos: competencia de crueldad". Con estas. Con estas palabras comienza Impunity, un documental dirigido por Hollman Morris y Juan José Lozano en la que con ahínco y severidad se muestra el drama de las victimas de los paramilitares en Colombia.
La ley 975 de 2005 firmada por el Congreso de la República y por el dirigente de paso (8 años) Álvaro Uribe Vélez, sólo dejó impunidad e ilusiones perdidas. La llamada “Ley de Justicia y Paz” que provocó la desmovilización de miles de paramilitares se convirtió en un pacto grotesco entre políticos, empresarios y criminales de lesa humanidad. A pesar de las promesas y constantes reiteraciones de “La gallina de los huevos de oro” las únicas garantías visibles fueron las otorgadas a los asesinos de más de ciento cincuenta mil personas, que se escudaron como narcotraficantes y fueron extraditados a Estados Unidos.
Y es así como el terror de decenas de narcotraficantes colombianos durante los años ochenta se convirtió en la salvación de los jefes paramilitares. Esta es la parafernalia del gobierno en su afán por encubrir su directa responsabilidad con crímenes de lesa humanidad como los cincuenta mil desaparecidos, los más de cuatro millones de desplazados y los cerca de dos mil “falsos positivos”. Morris nos muestra que no es el hecho de la muerte lo que reúne a las familias victimas en los estrados donde se llevan los procesos de justicia y reparación; sino la desesperación de saberlos desaparecidos, de no saber un cómo ni un dónde, de la carga simbólica que representa la ausencia de un cuerpo que enlutar.
El Estado se encuentra en deuda con el pueblo, no sólo por los millones de millones de pesos que han robado falsos políticos disfrazados de profetas, sino por el dolor de las víctimas de este “No-Conflicto armado” en Colombia. Adeuda justicia, veracidad de hechos y garantías de reparación y no repetición de esta barbarie ¿Pero hasta cuando tendrán los colombianos que esperar una reparación simbólica efectiva para dar paso a un verdadero perdón?
El actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, reiteró la existencia de un conflicto armado en Colombia e insistió en la reparación a través de la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras firmada en el presente año. Esta Ley anexa a la del 2005 una reparación simbólica de todos los imaginarios perdidos por el desplazamiento y la restitución de tierras en determinados casos.
Sin embargo, ¿Qué garantiza que todos los casos que se cobijen bajo esta ley no quedaran archivados y con tierra encima como los de La Ley 975? ¿Quién logrará que las victimas tengan un cara a cara con sus victimarios y así poder dar un paso a la cicatrización de heridas y posiblemente al perdón? ¿Cómo se evitará que las declaratorias sobre los asesinatos no queden en un simple recital de bala y sangre, qué no haya impunidad?
No hay garantías, no hay nada que asegure una verdadera reparación a un país ENTERO que ha sido victima de una cruel competencia por el poder. Y ahora menos, los colombianos no sólo han sido marcados por la desesperanza, sino por la ignorancia y la indiferencia ante hechos que se extiendan dos metros más allá de su incomoda comodidad. Sin embargo, hay certeza. Certeza de que si seguimos como vamos, con los ojos cubiertos como caballos próximamente tengamos una Ley de reparación de victimas de las BACRIM.
